José González recuerda que los inmuebles rehabilitados deben alquilarse o cederse a personas trabajadoras, no pudiendo situarse a más de 15 km del centro de trabajo y primándose los casos relacionados con campos estratégicos como el agroalimentario
Hace hincapié en que la orden está orientada a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, teniendo prioridad los de menos de 5.000, que son mayoría en la provincia de Lugo
Con ayudas máximas de hasta el 95% del presupuesto de la rehabilitación, apunta que existe una primera línea dirigida a empresas y a personas físicas o jurídicas, y una segunda para municipios, con la finalidad de dar una nueva vida a las viviendas vacías
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, mantuvo hoy —en las instalaciones lucenses de Unións Agrarias— un encuentro con representantes empresariales y de entidades interesadas en la nueva convocatoria de impulso a la rehabilitación de viviendas destinadas a personas trabajadoras. En la jornada, en la que también intervinieron el secretario general de UUAA, Roberto García, y la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, el conselleiro animó a solicitar las ayudas antes del día 15 de este mes de julio, que es cuando finaliza el plazo. Hizo hincapié en que están concebidas para garantizar la cobertura de vacantes especialmente en sectores estratégicos como el agroalimentario, al tiempo que se apuesta por fijar población dando una nueva vida a viviendas vacías en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son mayoría —dijo— en la provincia de Lugo.
Según explicó, la orden conjunta de las consellerías de Emprego, Comercio e Emigración y de Vivenda e Planificación de Infraestruturas tiene dos líneas: la primera dirigida a empresas y a personas físicas o jurídicas, y la segunda destinada a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, con ayudas máximas previstas de hasta el 95 % del presupuesto de la rehabilitación. Si se rehabilita una vivienda unifamiliar, la cantidad máxima será de 50.000 € si solicitan la ayuda empresas o personas físicas, y de 75.000 € en el caso de ayuntamientos. Si se trata de edificios residenciales colectivos inacabados o en situación de esqueleto inmobiliario, la cuantía no podrá superar los 30.000 € por cada una de las viviendas del inmueble, ni la cantidad global para todo el conjunto de los 300.000 €.
En el marco de las dos líneas de ayudas existentes, la orden contempla también dos posibilidades. La primera, que las empresas con centros de trabajo en Galicia sean las propietarias, usufructuarias o cesionarias del uso de las viviendas por un plazo mínimo de 10 años y decidan rehabilitarlas para destinarlas a la residencia habitual de sus personas trabajadoras, contribuyendo así a la cobertura de sus propias vacantes. La segunda, que esas empresas lleguen a un acuerdo con una o varias personas propietarias de viviendas de la zona, o incluso con ayuntamientos, para que sean ellos quienes se encarguen de rehabilitar los inmuebles en beneficio último de los trabajadores de esas empresas.
De este modo, González destacó que los inmuebles deben ser para personas trabajadoras, en régimen de alquiler o de cesión de uso. No podrán estar situados a una distancia superior a 15 kilómetros del centro de trabajo donde esté contratada la persona destinataria final, siempre en un ayuntamiento con menos de 20.000 habitantes, primándose los municipios con menos de 5.000 personas, que también son mayoría en la provincia de Lugo.
Puntuación de las solicitudes
Según apuntó el titular de Emprego, al analizar las solicitudes se tendrá en cuenta tanto la distancia entre la vivienda y el trabajo como la existente hasta una parada de transporte público o hasta una vía de alta capacidad. Además, se dará prioridad a las viviendas dirigidas a personas que trabajen en sectores estratégicos como el agroalimentario, pero también en la automoción, naval, metalmecánico, textil-moda, TIC e industrias culturales, así como las actividades pesqueras, forestales o de cuidados de mayores. A la hora de puntuar las solicitudes, se valorará asimismo la sostenibilidad de las rehabilitaciones.
José González concluyó aludiendo a las nuevas ayudas como una orden sin precedentes, que permite avanzar en la cobertura de vacantes laborales por parte del tejido productivo proporcionándoles a las personas trabajadoras el acceso a la vivienda imprescindible para que puedan aceptar un empleo y establecerse con todas las garantías. Tanto a la fuerza laboral interna, dijo, como a la exterior necesaria para seguir avanzando en el encaje de oferta y demanda que redunde en el desarrollo económico de Galicia.