La representante del Gobierno autonómico subrayó que el objetivo de estas formaciones es mejorar las competencias profesionales de las personas beneficiarias, favoreciendo la obtención total o parcial de certificados profesionales con impacto directo en su inserción laboral
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 20 de enero hasta el 30 de noviembre de 2026. La financiación se distribuirá en dos anualidades: 30 millones de euros en 2026 y 10 millones en 2027
La delegada de la Xunta, Belén do Campo, acompañada por el director territorial de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Juan José Couce, y por Marcial Grela, presidente de Aprofar (Asociación Provincial de Forneiros e Artesáns da Coruña), y otros miembros de la junta directiva, visitó las instalaciones de la entidad que imparte una acción formativa para desempleados (AFD) gracias a una aportación de la Xunta de casi 65.000 euros, centrada en Panadería y Bollería.
Este curso incluyó los módulos de elaboraciones básicas de panadería y bollería, elaboraciones complementarias, decoración y envasado, seguridad e higiene en un obrador, formación para la igualdad, inserción laboral, sensibilización ambiental y en igualdad de género y básico de prevención de riesgos laborales. El curso, que cuenta con 10 alumnos, comenzó el pasado 3 de noviembre y finalizará el 18 de mayo, con una duración total de 450 horas.
La representante del Gobierno autonómico informó que en este curso 25-26 se están impartiendo en la provincia de A Coruña 202 cursos por un importe de casi 11,2 millones de euros. Asimismo, subrayó que el objetivo de estas formaciones es mejorar las competencias profesionales de las personas beneficiarias, favoreciendo la obtención total o parcial de certificados profesionales con impacto directo en su inserción laboral.
Nueva convocatoria
En la visita, la delegada informó que la Xunta de Galicia acaba de abrir la convocatoria 2026-2027 de las Accións Formativas para persoas Desempregadas (AFD), con un presupuesto inicial de 40 millones de euros —ampliable según las necesidades— con el objetivo de reforzar la empleabilidad y dar respuesta a las demandas reales de talento del tejido empresarial gallego. La medida se enmarca en el rediseño integral de la formación para el empleo que está impulsando el Gobierno gallego, basado en la flexibilización, la agilidad administrativa y una mayor conexión con el mercado laboral.
Los cursos estarán dirigidos preferentemente a personas desempleadas, aunque podrán participar personas ocupadas hasta un máximo del 30% de las plazas, siempre que no se cubran con personas sin trabajo.
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 20 de enero hasta el 30 de noviembre de 2026. La financiación se distribuirá en dos anualidades: 30 millones de euros en 2026 y 10 millones en 2027, para acciones formativas que podrán iniciarse este año y prolongarse en el siguiente. Las entidades y centros de formación acreditados para impartir grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional podrán optar a las ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia no competitiva y contemplan anticipos de hasta el 60%.
La convocatoria garantiza una oferta formativa disponible durante prácticamente todo el año. Entre las novedades, se flexibilizan los requisitos de acceso: las personas que finalicen una acción formativa podrán matricularse en una de nivel superior sin tener que esperar por la expedición del certificado profesional anterior, una opción que también se extiende a quienes estén pendientes de la homologación de un título extranjero.
Las acciones formativas abarcan los grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional, permitiendo una capacitación modular y adaptada a las necesidades de cada perfil. Así, se incluyen microformaciones de grado A (de entre 30 y 40 horas), formaciones de grado B (de 200 a 300 horas) y programas de grado C (de 600 a 1.000 horas). Esta estructura facilita itinerarios más flexibles y una incorporación más ágil al mercado laboral.
Con el fin de garantizar la conexión directa con la realidad productiva, cada acción deberá acreditar una demanda efectiva mínima del 30% del alumnado, comprometida previamente por las entidades formativas. Además, los programas de grado C mantendrán el carácter dual obligatorio, de forma que al menos el 25% de las horas se desarrollen en entornos reales de trabajo. Las oficinas de empleo continuarán desempeñando un papel clave en la detección de necesidades por sectores y territorios.