El secretario general de Empleo e Relacións Laborais, Pablo Fernández, respondió en la Comisión 5ª de Sanidad, Política Social y Empleo una pregunta sobre el impacto de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado en las políticas activas de empleo
Advirtió de que la congelación de los créditos estatales desde 2023 está trasladando a las comunidades autónomas una presión creciente, agravada por el aumento del salario mínimo interprofesional, de las cotizaciones sociales y por el impacto de la inflación
Subrayó el compromiso del Gobierno gallego con el refuerzo de las políticas activas de empleo mediante recursos propios, poniendo el foco en iniciativas estratégicas cómo ‘Galicia Suma Talento: Rural Activo’, que se incrementa este año de 7 a 20 M€
Instó a una revisión efectiva de la financiación estatal en materia de empleo, en consonancia con los deberes legales vigentes, junto con un modelo de distribución entre autonomías claro, equitativo y transparente
El secretario general de Empleo e Relacións Laborais, Pablo Fernández, respondió hoy en la Comisión 5ª de Sanidad, Política Social y Empleo una pregunta sobre el impacto de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado en las políticas activas de empleo, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas.
Fernández advirtió de que, con los créditos estatales congelados desde 2023, las comunidades autónomas están asumiendo una presión creciente con una margen financiera cada vez más limitada. La esta situación se suman decisiones adoptadas por el Gobierno central con impacto directo en los costes, como el incremento continuado del salario mínimo interprofesional (SMI) y el aumento de las cotizaciones, además del efecto de la inflación, sin una actualización paralela de los fondos transferidos.
Segundo explicó, las políticas activas de empleo están directamente vinculadas a salarios y convenios, por lo que el mantenimiento de los fondos congelados provoca un impacto directo en el alcance de los diferentes programas de ayudas. Un escenario que calificó de «parcheo permanente», al tenerse que cumplir deberes legales con recursos diseñados para otro contexto económico.
Frente a esta situación, destacó el esfuerzo de la Xunta de Galicia por potenciar estas políticas a través de fondos propios, priorizando programas estratégicos. Como ejemplo, señaló el incremento de la orden Galicia Suma Talento: Rural Activo, que este año pasa de 7 a 20 M€ para seguir reforzando los apoyos a las entidades locales para la contratación de personas desempleadas en tareas de valorización forestal, silvicultura o limpieza de montes, entre otras.
El secretario general instó a una actualización real y efectiva de la financiación estatal en materia de empleo, acorde a los deberes legales vigentes, junto con un sistema de reparto de los fondos a las autonomías claro, justo y transparente que garantice la correcta ejecución de las políticas activas de empleo.