Esta solicitud se enmarca en la fuerte apuesta de Galicia a favor de una formación flexible y a la carta de las empresas, en la que destacan acciones como la colaboración con clústeres y entidades para calificar personas en sectores estratégicos
En relación con la ejecución de los fondos de formación para el empleo, Galicia y otras comunidades reclamaron al Ejecutivo que respete los plazos de ejecución tras cambios unilaterales en relación con lo pactado en mayo que impiden su gestión
Según las nuevas condiciones que impone el Ejecutivo estatal, estos fondos deberán comprometerse antes de que finalice 2025, admitiéndose una prórroga excepcional hasta el 30 de junio de 2026, pese a no haberse efectuado aún el ingreso del crédito
José González advierte de que este cambio en las reglas de juego compromete el desarrollo de las políticas activas de empleo de las diferentes regiones
La Xunta de Galicia trasladó una vez más al Gobierno central la necesidad de que flexibilice la gestión de los fondos de formación para el empleo de manera que una parte pueda ser empleada por el tejido productivo para adaptar la formación a sus necesidades de cualificación. También reiteró la solicitud de que atienda a las particularidades de cada autonomía al establecer los criterios de distribución, toda vez que son las que tienen las competencias exclusivas en las políticas activas de empleo. Así lo manifestó hoy el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, en la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para personas trabajadoras, en el que participó por videoconferencia junto con la directora general de Formación y Cualificación para el Empleo, Zeltia Lado.
Esta solicitud se basa en el éxito de Galicia en la ejecución de fondos de formación para el empleo orientados a acciones de reciclaje profesional y a la adquisición de nuevas habilidades y competencias, que le permitió obtener 7 millones de euros adicionales -con base al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-. Unos fondos adicionales que contribuyen a seguir potenciando la fuerte apuesta autonómica a favor de una formación flexible -tanto para personas ocupadas como desempleadas- y a la carta de las empresas en la línea de lo que promueve la Unión Europea y con el fin de cubrir vacantes con mayor agilidad.
Dentro de este esfuerzo, destaca la colaboración de la Xunta con clústeres y entidades de sectores estratégicos de la economía, que en la última edición permitió calificar unas 17.000 personas con microformaciones y de la mano de las empresas. Otras medidas de esta apuesta son la nueva orden de acciones formativas para personas desempleadas (AFD), dotada con 50 M€ y completamente rediseñada para atender las necesidades reales del tejido productivo de manera más dinámica, o el futuro decreto de microcredenciales para el trabajo. Además, la comunidad gallega solicita que la flexibilización de los fondos permita adecuar la oferta formativa de los centros de formación para el empleo, incluidos los dependientes del Gobierno gallego, para adecuar sus instalaciones a las necesidades de la oferta formativa.
Ejecución de los fondos
En esta conferencia sectorial se aprobó la distribución territorial de este año de fondos gestionados por las comunidades autónomas en el marco de los Programas de cooperación territorial para las acciones formativas destinadas a personas trabajadoras. Una cuestión necesaria, pero en la que Galicia discrepa en relación con los plazos de gestión de los fondos finalistas, de hecho fue un aspecto que se abordó en la conferencia sectorial a petición de Galicia, además de otras comunidades autónomas.
En este sentido, el conselleiro solicitó al Ejecutivo estatal que respete los acuerdos alcanzados en la Comisión Técnica de la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para Personas Trabajadoras del pasado 22 de mayo, tras introducir cambios unilaterales y de última hora en los plazos de gestión de los fondos finalistas de 2025 que hacen inviable su ejecución por parte de las comunidades autónomas. De hecho, según este último cambio de criterio, los fondos de los que se aprobó hoy el reparto deberán estar comprometidos este mismo año, admitiéndose una prórroga excepcional hasta el 30 de junio de 2026. Toda vez que ni siquiera se hizo efectivo el ingreso del crédito a las comunidades autónomas, subrayó González, esto imposibilita, de facto, su ejecución y compromete seriamente el desarrollo de las políticas activas de empleo en Galicia.
Cambiar las reglas del juego a estas alturas, insistió el conselleiro, obliga a las comunidades a justificar en marzo de 2026 no sólo los fondos correspondientes a 2024, sino también los que aún están pendientes de ingreso en 2025 y cuya distribución se aprobó hoy. Es absolutamente inasumible y supondría la devolución de la práctica totalidad del crédito por inejecución, advirtió José González. Por todo ello, la Xunta y otros gobiernos autonómicos solicitaron que el acuerdo definitivo mantenga los términos aprobados en mayo. Un aspecto necesario, destacó, para garantizar la viabilidad de la gestión de los fondos que permita dar continuidad a las políticas activas de empleo autonómicas con base a esta financiación.